Defendemos a las personas, no las plazas. ¿Qué resuelve para las interinas e interinos el nuevo decreto del gobierno y de los sindicatos de la patronal? Absolutamente nada
La respuesta a la presión de sentencias del TJUE (2020) y la directiva comunitaria (1999/70) que dejaban a cuerpo descubierto la grave situación de un porcentaje muy elevado de contrataciones temporales en fraude de ley en nuestro Estado, no ha sido, sin embargo, la estabilización de todo este colectivo en sus puestos de trabajo, tal y como hemos reivindicando durante décadas.
CGT Enseñanza es totalmente contraria a este Decreto Ley y exige, tanto al gobierno como a los sindicados negociantes, el sentido común y la coherencia necesarios para la estabilización de las personas y no de las plazas. Es necesario que no salga a la luz y que se repiense una solución en consonancia a la normativa Europea y que promocione la estabilidad real de las trabajadoras interinas y laborales que ahora mismo ocupan estas plazas, sin que haya posibilidad de perder su puesto de trabajo.
El Decreto que plantean el gobierno (con Iceta al frente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública) y las grandes centrales sindicales (CCOO, UGT y CSIF) pretende solucionar el problema acelerando un sistema de filtraje (responsabilizan a las personas afectadas de abuso) que quiere acercarse al objetivo del 8% de las contrataciones temporales y deshacerse, así, de la escandalosa situación de fraude de ley que representan centenares de miles de trabajadoras y trabajadores públicos con más de 3 años de antigüedad. ¿Cómo?
- Con una oferta masiva de oposiciones (que igualmente será insuficiente) para estabilizar las plazas ocupadas por trabajadoras del servicio público, pero sin garantizar la estabilización de las personas que actualmente las ocupan desde hace más de 3 años. De esta forma es la propia trabajadora, la cual ha sufrido durante años el abuso de contratación, quien tiene que resolver su propia situación y no la Administración que es la que ha incumplido y abusado con la contratación fraudulenta.
- Durante décadas no se han ofertado oposiciones suficientes y ahora de golpe, todas las trabajadoras públicas temporales tienen que competir entre ellas y presentarse a miles de oposiciones, junto con las personas externas que se quieran presentar. Para CGT Enseñanza representa una injusticia, una incoherencia y un despropósito innecesario y gratuito, hacer pasar por este proceso a las personas que han sostenido durante estos años el sistema público.
- Después de años de convocatorias intermitentes y de una oferta de plazas muy por debajo de las necesarias para reducir la temporalidad, ahora se determina una tasa adicional con fecha tope el 2024 (improrrogable). Una carrera a contrarreloj que tiene como objetivo una competitividad entre trabajadoras que pueda dificultar la capacidad de organización y respuesta colectiva para defender los servicios públicos.
- Un sistema de acceso que continúa siendo concurso-oposición. Por lo tanto, selectivo y dejando fuera la posibilidad de puntuar méritos si no se supera la fase de oposición, a pesar de que se valore la fase de concurso con un 40%. Ya se ha podido comprobar en las últimas convocatorias PESCO (Procesos para la Estabilización y Consolidación de la Ocupación) realizadas que éstas no garantizan ningún tipo de estabilización de las personas que ocupan la vacante y han sufrido abuso de la temporalidad.
- Se invocan nuevamente los principios de «igualdad, mérito y capacidad» argumentados y defendidos hasta ahora especialmente por aquellos sindicatos que han hecho de las oposiciones una forma de lucro a expensas de la precariedad. Con esta argumentación, precisamente, están incumpliendo el principio de igualdad puesto que han sido las propias trabajadoras interinas las que han visto vulnerados sus derechos laborales por el abuso sufrido durante años por parte de las administraciones públicas ya que, en este sentido, han actuado como grandes ETTs del sector.
- Para quien no supere el proceso selectivo y tan sólo si la persona se presenta a la oposición, está el acuerdo que establece una compensación económica de 20 días por año, como máximo 12 mensualidades (una migaja que corresponde al despido objetivo, inferior al improcedente y en sintonía con la criticada reforma laboral).
- Se modifican artículos del TREBEP (Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público) para limitar las contrataciones a tres años, donde el personal interino podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria, pero sin compensación económica. Y establecer limitaciones por la reducción de personal.
- No se aborda ni la posibilidad del desarrollo del el artículo 61.6 del TREBEP (acceso por concurso de méritos de manera extraordinaria), que podría solucionar, sin ningún coste añadido, la situación que sufren los centenares de miles de interinas y laborales de la Administración Pública en Abuso de la Temporalidad, tal como CGT hemos defendiendo como propuesta de estabilidad de las trabajadoras públicas abusadas que ya están trabajando y también como vía de acceso en la función pública.
Hacemos llamamiento a la movilización de las interinas y laborales de educación para hacer frente a este acuerdo, hagamos asambleas en los territorios, en los centros, por todas partes, para defender nuestros puestos de trabajo y nuestra estabilidad. Hay riesgo de que muchas personas vayan a la calle.
¡Se ha abusado de las trabajadoras y de los trabajadores! La solución no puede pasar por responsabilizar de la situación a las personas que han sido contratadas de forma fraudulenta y que se encuentran en abuso por parte de la Administración, obligando a que se presenten a oposiciones y que las aprueben para poderlas estabilizar.
¡Exigimos estabilidad directa de las personas afectadas en contrataciones fraudulentas temporales!
¡CONCURSO DE MÉRITOS YA!
Secretariado Permanente de la Federación de Enseñanza
