Las comunidades han apretado para subir las ratios: en Infantil se pasa de 20 en el borrador a 25 en el acuerdo; en Primaria estaba en 25 y puede llegar a 30 en algunos territorios. La decisión permitirá eliminar desdobles y prescindir de parte de los 35000 docentes de refuerzo contratados este curso.
Todo parece indicar que quienes gestionan la educación lo hacen más con una óptica mercantilista que desde el respeto a lo que debería ser un pilar fundamental para el desarrollo y progreso de un pueblo. Al parecer, todas las Consejerías de Educación, con el beneplácito del Gobierno, estaban deseando decretar que el problema COVID ha pasado y que se puede volver sin riesgo para la salud a la vieja normalidad de aulas masificadas, plantillas docentes precarias y eliminación de unidades escolares (y, por tanto, de personal docente).
CGT ya se manifestó en contra de las medidas adoptadas para el presente curso, basadas en unos refuerzos de personal docente insuficientes y en el recurso a los llamados grupos burbuja y a la semipresencialidad para compensar el incumplimiento sistemático de las distancias de seguridad que se establecían para cualquier otro ámbito.
Pese a que se reconoce la importancia del refuerzo de personal educativo que se ha acometido el presente curso, de cara al próximo su mantenimiento queda en una somera declaración de intenciones, sin compromiso alguno vinculante. Dado que la valoración de las Consejerías de Educación sobre esta incorporación de personal es positiva, no se entendería que el curso 2021/22 se prescindiese de dichos docentes. Su mantenimiento redundaría en una mejor atención al alumnado y en la posibilidad de hacer grupos más reducidos, con las consecuencias beneficiosas desde el punto de vista de la salud.
Pero no hablamos ya de un riesgo para la salud, sino del deterioro que ha sufrido la educación en estos dos últimos cursos, y que solo puede tratar de recuperarse mediante la reducción de ratios y la contratación de más personal, docente y no docente, que permita una mejor atención al alumnado. ¿Se podrá compensar el déficit acumulado con docentes que atiendan, por ejemplo, a 30 alumnos y alumnas por clase en Primaria y Secundaria? ¿Podrán llegar a atender debidamente las necesidades y carencias individuales del alumnado a su cargo?
Este curso y el último trimestre del anterior han demostrado que la educación 100% presencial es insustituible. De cara al próximo curso, esa presencialidad debe ir aparejada de una bajada de las ratios en todos los niveles para paliar los déficits que la semipresencialidad ha causado, y para que sean mejores las condiciones de seguridad en las aulas. Esto parece incompatible con el despido de miles de docentes.
Según el Ministerio de Educación “las comunidades autónomas deben comprometerse a que, al menos, se mantengan los recursos docentes de refuerzo con los que han contado este año. Tenemos que convertir la adversidad en una oportunidad para acelerar la recuperación de un sistema educativo que se enfrentó a la pandemia tras años de recortes y debilitamiento y que debe consolidar los refuerzos con los que se ha fortalecido durante estos meses”. Si no siguen esas recomendaciones, ¿en qué van a gastar el 17% de los 10000 millones de euros de los fondos europeos que se destinan a Educación? ¿Y el fondo extraordinario de 13400 millones que el Gobierno transferirá a las comunidades?
Los grupos burbuja y las mascarillas se mantienen. Dice la ministra que el curso próximo, en función de la situación epidemiológica, se podrá reducir la distancia entre estudiantes de 1,5 a 1,2 metros en Secundaria. No sabemos qué clases habrá visto. Hay bancas en muchas aulas que no distan más de 50 centímetros.
Como sociedad no podemos permitirnos el lujo de hipotecar el futuro de toda una generación, y es el momento de movilizarse para conseguir algo tan justo como que se incremente la inversión en Educación y se refuercen las plantillas docentes y el personal de atención a la diversidad (creando empleo de calidad que, por otra parte, tanta falta le hace a nuestra Seguridad Social). Tampoco vendría mal destinar parte de esa lluvia de millones destinados a Educación a la mejora de las instalaciones y recursos educativos, que paliaría en parte los años de precariedad y recortes que llevamos padeciendo.
Desde la Federación de Enseñanza de CGT queremos hacer un llamamiento a toda la comunidad educativa para que se movilice en sus territorios, con una exigencia clara de apostar por la bajada de ratios y el mantenimiento, como mínimo, de todo el personal educativo que ha estado trabajando este curso. No podemos consentir que se sigan cerrando unidades escolares en centros públicos y despidiendo a miles de docentes interinos, mientras volvemos a la normalidad de aulas masificadas y profesorado que a duras penas puede dedicar a cada estudiante la atención que necesita y merece.
El 27 y 28 de mayo hay huelgas convocadas por CGT en Catalunya y Andalucía, que contienen entre otras reivindicaciones el mantenimiento y consolidación en el empleo del personal interino de educación, primer paso inexcusable para poder acometer la necesaria bajada de ratios. Aún hay tiempo de movilizarse para arrancar compromisos a esas cicateras Consejerías de Educación: más tarde solo cabrá hacerlo para protestar y lamentarnos.
