Por el fin del negocio de las aseguradoras privadas y su concertación.
Firma contra la financiación con recursos públicos de la sanidad privada. Aquí.
Desde la CGT tenemos claro que los recursos y los impuestos de todas han de destinarse, sin ningún tipo de duda, a los servicios públicos.
Es una gran incoherencia que haya sindicatos que representen a trabajadoras públicas, y estén defendiendo que se les dé asistencia sanitaria con aseguradoras privadas. Esto supone otra ranciedad y absurdidad más de la deriva neocapitalista. Este conjunto de sindicatos, con CCOO, UGT, CSIF y ANPE a la cabeza, defienden unos privilegios, ya obsoletos, que recortan los servicios de la sanidad pública con la finalidad de favorecer a empresas privadas e incrementar sus beneficios.
Se evidencia a menudo la mala praxis de las aseguradoras privadas para la obtención de beneficios económicos, como ejemplo: hacer pruebas innecesarias para posibles diagnósticos infundados; aumentar miedo ante posibles problemas de salud; derivar a la seguridad social cuando no pueden/quieren hacerse cargo de tratamiento a seguir; pagos mínimos a especialistas de la salud. Se daría la misma incoherencia que si sindicatos/trabajadoras de la sanidad pública (doctoras/es, enfermeros/as, auxiliares…) o de profesionales del tercer sector (educadoras/es sociales, técnicos/as en atención sociosanitaria…) jueces y abogacías, exigieran que se les pagase la educación privada, costes y juristas en juicios y/o las residencias privadas para familiares como privilegio por ser trabajadoras públicas. Incoherente y absurdo.
El gobierno ha de poner fin a las negociaciones con las aseguradoras privadas para que estas cesen de una vez en sus amenazas, chantajes y exigencias. Desde CGT exigimos que se transfieran de inmediato todos los recursos de nuestros impuestos destinados a MUFACE a la Seguridad Social (sanidad pública), y cese, de una vez por todas, la privatización del derecho a unos servicios públicos de calidad que cubren necesidades esenciales.
Desde MUFACE se atiende aproximadamente a un 5% del total de trabajadoras/es del estado español (alrededor de 1 millón, de un total de 20 millones aproximadamente), con aseguradoras privadas está solamente el 3,3% del total de usuarios de MUFACE y en descenso, ya que cada vez más trabajadoras públicas escogen la sanidad pública. Este gobierno, que se autodenomina como el más progresista de la historia, ha de defender los servicios públicos. Es necesario que los más de 1.300 millones de euros que entrega cada año a las compañías privadas sean destinados a la sanidad pública. Uno de los chantajes más utilizados por quienes defienden la privatización, es la pérdida de 13.000 puestos de trabajo si cesan los conciertos de MUFACE. Desde CGT se valora como algo positivo, dado que serían 13.000 puestos de trabajo que se podrán recuperar en la sanidad pública.
¡Integración de lo concertado a los servicios públicos ya!
¡Basta de sostener privilegios y gastos de algunas con impuestos de todas!
¡Escogemos la pública, escogemos la seguridad social!
Como trabajadoras y como usuarias, es el momento de luchar y elegir lo público,
¡Solo así revertiremos la privatización de los servicios públicos!
Firma contra la financiación con recursos públicos de la sanidad privada. Aquí.
