FIRMA PARA QUE EL DINERO QUE SE DESTINA A LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS PRIVADAS VAYA A LA SANIDAD PÚBLICA.
Empecemos por explicar en qué consiste esto de Muface, antes de hacer propuestas y ver alternativas.
Por José Luis Ruiz Ramas es secretario de Acción Jurídica de la Federación Estatal de Enseñanza de CGT
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) fue creada en 1975 como organismo único de adscripción obligatoria para todo el funcionariado civil. Su creación en aquel contexto podría tener cierto sentido, dado que permitió dotar de cobertura sanitaria a las empleadas y los empleados públicos, algo de lo que carecían en ese momento, dado que en España hubo que esperar hasta 1989 para tener una sanidad universal y gratuita que asegurara la atención sanitaria a toda la población.Todo el funcionariado pertenece a Muface, pero puede elegir que la cobertura sanitaria se la dé la Seguridad Social, como al resto de la ciudadanía, o una mutua privada de las que actualmente prestan este servicio: DKV, SegurCaixa Adeslas y Asisa. En las últimas décadas, el porcentaje de funcionariado que elige la Seguridad Social ha ido aumentando hasta situarse actualmente en un tercio del total.
Evidentemente, estas mutuas cobran del Estado por prestar esta cobertura sanitaria a sus empleados y empleadas, así como a sus familiares; una cantidad que ronda los 1300 millones de euros anuales. Sí, el Estado paga con dinero público a entidades privadas para que den cobertura sanitaria al funcionariado público, al margen del sistema público de salud, y distinta al del resto de la ciudadanía. Suena raro, ¿verdad?
Vayamos con el problema que se ha generado en las últimas semanas. Toca renovar conciertos, y las mutuas quieren más dinero. Dicen que generan déficit y que no es suficiente con la propuesta de incrementar en un 17 % la asignación por mutualista, que quieren un 38 % más, por lo que dejan desierta la licitación. Atención, las mismas mutuas que declaran unos beneficios anuales millonarios y que “invitan” a los y las pacientes con tratamientos más costosos a que elijan la sanidad pública, ya que no son rentables para el negocio.
Y aquí se abre un escenario en el que el Estado puede darle una vuelta al actual modelo sanitario que, como hemos visto antes, es un vestigio de un pasado muy diferente a nuestro presente. El Estado puede hacer dos cosas:
- Puede acceder a la exigencia de las mutuas de un incremento de la asignación anual y mantener este sistema obsoleto, discriminatorio y que roba recursos al sistema público sanitario y a la Seguridad Social, legitimando a unas mutuas que tienen como objetivo prioritario el negocio con el dinero, no lo olvidemos, de toda la ciudadanía, incluida la de aquella sin capacidad económica para elegir un privilegio equiparable. Es decir, puede continuar con la subvención con fondos públicos a las grandes aseguradoras privadas.
O puede aprovechar el contexto para dar un paso definitivo hacia la expansión y mejora del sistema sanitario de la Seguridad Social, invirtiendo en él todo el dinero que se iba a entregar a las mutuas y absorbiendo la asistencia sanitaria de ese millón de personas que actualmente son atendidas en dichas mutuas. Hay que recordar que tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios públicos del mundo. El estudio anual de Bloomberg lo sitúa en el tercer lugar —solo detrás de Hong Kong y Singapur— y tenemos la obligación de defenderlo contra una ola privatizadora que, de la mano de gobiernos adalides de la destrucción de todo lo público, necesita infradotarlo para que la población que pueda contrate los seguros privados en manos de sus amiguetes.
Desde CGT apostamos por esta segunda vía, ya que creemos que nuestro sistema sanitario público es perfectamente capaz, si se le dota de recursos, de asumir ese 2 % de incremento de personas a atender. No parece un incremento desmesurado si el Estado apuesta decididamente por dotar de la mejor cobertura sanitaria posible a toda la ciudadanía. Así lo determina también el Ministerio de Sanidad. Es imprescindible que todos los recursos sanitarios del Estado vayan a la Seguridad Social, para que aquel proporcione la asistencia sanitaria al funcionariado, y al resto de la población, en centros públicos. Una inyección económica que puede permitir contratar a todo el personal necesario para la reducción de las eternas listas de espera y, en general, para que el Estado pueda ofrecer una sanidad pública de la máxima calidad al conjunto de la población.
Desde posiciones elitistas y afines a las mutuas se insiste en la imposibilidad de que la Seguridad Social asuma la cobertura de las personas que actualmente son atendidas en las mutuas, así como en el caos que produciría en los y las mutualistas el cambio a la Seguridad Social. Evidentemente, el cambio no se daría de un día para otro. Se pueden tomar medidas para que las personas con tratamientos médicos actualmente en mutuas puedan finalizarlos en las mismas; así mismo, se puede prorrogar nueve meses el actual concierto, como permite la ley, y hacer un paso tranquilo y paulatino de los y las mutualistas de Muface a los servicios sanitarios de la Seguridad Social.
Para finalizar, desde CGT hacemos un llamamiento a todos y todas las trabajadoras públicas que actualmente están en las mutuas a que pidan en enero el cambio a la seguridad social. Es el momento de ser coherentes, de defender y escoger lo público, de cambiar a la Seguridad Social y, al mismo tiempo, exigir que se destinen los recursos necesarios para que toda la población disfrute de una sanidad pública de calidad y solidaria.
