30 de abril de 2024, Madrid
Desde CGT presentamos una campaña de concienciación, movilización y lucha en contra del sistema de Formación Profesional (FP) Dual, denunciando sus peligros y carencias para una educación pública y de calidad.
Desde CGT Enseñanza, expresamos una profunda preocupación por las políticas neoliberales que, bajo el pretexto de la empleabilidad y el emprendimiento, están impulsando la privatización de la FP en España. La nueva Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, que entrará en vigor el próximo curso escolar 2024-25, es un instrumento para el despliegue de estas políticas, representando una amenaza para el acceso universal a una educación digna.No creemos que la FP Dual sea la solución al desempleo juvenil. Más bien es un mecanismo que favorece la privatización de la educación y la precarización laboral. Este sistema, impulsado por intereses empresariales, relega al alumnado a una formación jerarquizada bajo el control de quienes financian (la patronal), desviando los recursos públicos hacia centros concertados en detrimento de la oferta pública.
Además, denunciamos la reducción de profesorado, la asunción de funciones administrativas propias de las empresas por parte de este, y la falta de garantías en la preparación del alumnado al derivar parte de la formación a las empresas y no garantizar un desarrollo del alumnado en entornos rurales.
Igualmente, señalamos que la FP Dual promueve una visión fragmentada del currículo formativo, segregando al alumnado según los intereses empresariales y despojándolos de una formación integral y crítica. Este sistema conlleva la ilusión de que los problemas de empleo se resuelven con la formación, mientras oculta las verdaderas raíces de la precariedad y el desempleo.
Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la educación pública como derecho fundamental, y abogamos por un sistema educativo que garantice una formación integral y crítica para la juventud en lugar de someterla a los intereses del mercado laboral.
Recordamos que el Estado incumple su deber constitucional de buscar el pleno empleo, según el artículo 40 de la Constitución española. La solución no solo radica en la formación y la empleabilidad, sino en garantizar un derecho al trabajo digno para todos. El derecho al trabajo debe ser un derecho esencial, que garantice una vida digna. Por ello, conectamos nuestra campaña con la reducción de la jornada laboral a 30 horas. Esto beneficia tanto a las personas mayores que están a punto de jubilarse como a los jóvenes que buscan oportunidades al terminar su formación en FP.
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