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El pasado 18 de junio, CGT organizó una conferencia en la que se dieron cita varios expertos legales y presentaron sus conclusiones sobre el abuso de temporalidad en la función pública. Desde CGT Enseñanza, hacemos un llamamiento a la acción coordinada y a la unidad entre los trabajadores temporales de la función pública para luchar contra la precariedad laboral. La conversión de contratos temporales en permanentes no es solo una necesidad para los trabajadores, sino un imperativo para asegurar la calidad de los servicios públicos en España. En el sector educativo, la estabilización del personal docente y de apoyo es crucial para garantizar una educación de calidad y un futuro prometedor para las nuevas generaciones. Continuamos abogando por la justicia y los derechos de los interinos, instando a todos a mantenerse firmes en esta lucha compartida.
El impacto de la temporalidad en la función pública tiene consecuencias negativas tanto para trabajadoras como usuarias en todos los sectores. Encarni Salguero, secretaria general de la Federación de Enseñanza, advirtió que “la precariedad laboral en los servicios públicos afecta en su mayoría a las mujeres”, destacando la urgencia de estabilizar al personal educativo. Juan Carlos Molina, secretario de Organización de la Federación de Sanidad, afirmó que la “precarización de los servicios sanitarios pone en peligro la vida de las personas”, debido a la inestabilidad de las plantillas. Marian, secretaria general de la Federación de Sanidad, señaló la “alta tasa de interinidad” y la escasez de personal médico. Miguel Fadrique, secretario general de CGT, subrayó que en la función pública “hay una precariedad absoluta” que debe ser abordada para mejorar los servicios. A su vez, Arantza Alfaro Meruelo, secretaria general de la Federación Estatal de Trabajadores de la Administración Pública, destacó la importancia de luchar por “unos ideales que nos competen a todas” y la estabilización laboral de los interinos.
A continuación, resumimos las perspectivas más importantes y las recomendaciones propuestas por los abogados participantes, destacando su relevancia para los interinos afectados.
Benet Salellas i Vilar, letrado que representa el caso C-331/22, ha participado en cientos de procesos por todo tipo de delitos, ya sea como defensor o acusador, algunos de ellos de mucha complejidad, en los tribunales ordinarios y también en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. En el acto, abordó la problemática de la temporalidad en la función pública desde una perspectiva legal y crítica. Destacó que el abuso de temporalidad en los contratos de la administración pública no solo es una práctica injusta, sino también ilegal bajo la normativa europea y nacional.
Principales Puntos:
- Cumplimiento de la Directiva Europea: Benet enfatizó que la Directiva 1999/70/CE exige a los Estados miembros prevenir el abuso de contratos temporales mediante medidas efectivas. Señaló que España ha sido inconsistente en la implementación de estas medidas, dando como resultado una alta tasa de temporalidad.
- Impacto de las Sentencias del TJUE: Mencionó que las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han dejado claro que el uso reiterado de contratos temporales sin justificación es incompatible con el derecho comunitario. Indicó que las administraciones deben adaptar sus políticas a estas resoluciones para garantizar estabilidad laboral.
- Necesidad de Estabilización: Benet argumentó que la estabilización de los interinos es esencial para garantizar sus derechos y mejorar la calidad de los servicios públicos. Abogó por la conversión de contratos temporales en permanentes, destacando que la situación actual crea inseguridad tanto para los empleados como para el funcionamiento eficiente de los servicios públicos.
- Consecuencias de la Precariedad: Subrayó que la precariedad laboral no solo afecta a los trabajadores, sino también a los usuarios de los servicios públicos, quienes reciben una atención menos efectiva debido a la alta rotación y la falta de continuidad en las plantillas.
Beatriz González, letrada pionera en la defensa de los Derechos de los Empleados Públicos en el ámbito europeo, desde el año 2012, centró su intervención en los aspectos legales y prácticos de la lucha contra la temporalidad abusiva en la función pública. Sus aportaciones se enfocaron en las deficiencias del sistema actual y las estrategias necesarias para garantizar la estabilización de los interinos.
Principales Puntos:
- Problemas del Sistema: Beatriz González destacó que la temporalidad en la función pública es un problema estructural que afecta a la eficiencia de la administración y a la calidad de vida de los empleados. “El abuso de contratos temporales es una práctica que mina tanto la moral de los trabajadores como la eficacia del servicio público”, señaló.
- Marco Legal Inadecuado: Criticó la falta de un marco legal robusto que aborde adecuadamente la problemática de la temporalidad. “Necesitamos un marco normativo que no solo limite el abuso de la temporalidad, sino que también facilite la conversión a contratos permanentes”, afirmó.
- Cumplimiento Obligatorio: Subrayó la importancia de cumplir con la Directiva 1999/70/CE, que impone medidas contra la temporalidad abusiva. “La directiva europea nos obliga a adoptar medidas efectivas para evitar la prolongación injustificada de contratos temporales”, explicó.
- Medidas Propuestas: Propuso la implementación de mecanismos como concursos específicos para interinos, que permitan la conversión de contratos temporales en permanentes de forma justa y transparente. “Debemos establecer procesos de estabilización que prioricen la justicia y la equidad para los interinos”, resaltó.
- Impacto en el Servicio: Beatriz González advirtió que la temporalidad prolongada no solo perjudica a los trabajadores, sino que también reduce la calidad de los servicios públicos. “La inestabilidad laboral conduce a una rotación constante que impide la formación de equipos eficientes y afecta la calidad del servicio”, concluyó.
Según el juez Federico Vidal Grases «La Ley 20/2021 debe incluir mecanismos de supervisión más rigurosos y procedimientos de regularización efectivos para asegurar la estabilización de los interinos». Abordó críticamente la Ley 20/2021, enfocada en reducir la temporalidad en el empleo público. Su análisis subrayó las insuficiencias y desafíos que la ley enfrenta para cumplir con la normativa europea.
- Refuerzo de los Mecanismos de Control: Federico Vidal subrayó la necesidad de implementar controles más estrictos sobre la temporalidad en la función pública. Propuso que la Ley 20/2021 “incluya mecanismos de supervisión más rigurosos para asegurar que las administraciones públicas no abusen de los contratos temporales”.
- Alineación con la Normativa Europea y cumplimiento con la Directiva 1999/70/CE: La ley debe adaptarse mejor a las exigencias de la Directiva Europea sobre el trabajo de duración determinada, asegurando medidas efectivas para prevenir el abuso de la temporalidad. “Es crucial que la ley cumpla plenamente con las directivas europeas, implementando medidas que realmente impidan la temporalidad abusiva”, afirmó.
- Procesos de Estabilización: Recomendó la creación de procedimientos más claros y accesibles para la conversión de contratos temporales en permanentes. “La Ley 20/2021 debe establecer procesos de regularización efectivos que faciliten la estabilización de los interinos”, señaló.
- Garantía de Equidad: Sugirió que los procesos de consolidación de empleo sean transparentes y equitativos, evitando cualquier tipo de discriminación o favoritismo. “Es fundamental que los mecanismos de estabilización sean aplicados de manera justa y transparente”, destacó.
- Revisión Periódica y Ajustes de la Ley: Propuso que la ley incluya disposiciones para su revisión periódica, permitiendo ajustes basados en la efectividad de las medidas implementadas y en las necesidades cambiantes del sector público. “Debe haber una evaluación continua de la ley para ajustarla según los resultados obtenidos y las circunstancias emergentes”, concluyó.
- Implementación de Sanciones para el Abuso: para Vidal Grases deben incluirse sanciones específicas para las administraciones que no cumplan con las medidas de estabilización o que abusen de la temporalidad. “La ley debe prever sanciones claras para quienes no respeten las normas sobre la temporalidad”, añadió.
Dr. Gerardo Pérez Sánchez, Doctor en Derecho por la Universidad de La Laguna. Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, ofreció una visión profunda sobre los aspectos jurídicos y prácticos del abuso de temporalidad en la función pública, destacando la necesidad urgente de reformar las políticas laborales para cumplir con las normativas europeas y nacionales.
Principales Puntos:
- Impacto de la Temporalidad Prolongada: Problemas Jurídicos y Sociales: El Dr. Pérez Sánchez destacó que la prolongada temporalidad en la administración pública genera una violación de derechos laborales, incumpliendo tanto la legislación nacional como las directivas europeas. Subrayó que “la temporalidad prolongada en la función pública no solo es una cuestión de justicia laboral, sino un problema jurídico que debe resolverse con urgencia”.
- Obligaciones de los Estados Miembros: Enfatizó que la Directiva 1999/70/CE de la UE establece claramente la necesidad de prevenir el abuso de contratos de duración determinada, algo que España ha incumplido en muchas ocasiones. “La falta de aplicación efectiva de esta directiva coloca a España en una situación de incumplimiento de sus obligaciones europeas”, afirmó.
- Implementación de Medidas Efectivas: Propuso la implementación de medidas efectivas para limitar la duración de los contratos temporales y promover la conversión a contratos permanentes. Sostuvo que las reformas legislativas deben enfocarse en proporcionar estabilidad laboral a los trabajadores del sector público, para alinear la práctica española con la normativa europea.
- Jurisprudencia del TJUE y precedentes Judiciales: Señaló la relevancia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que respalda la estabilización de trabajadores temporales cuando se identifica abuso en la contratación temporal. Indicó que estas decisiones judiciales deben ser utilizadas como guía para las reformas necesarias en España.
- Calidad del Servicio: Concluyó que la alta temporalidad no solo afecta a los trabajadores, sino que también deteriora la calidad del servicio público ofrecido a los ciudadanos. Argumentó que la estabilidad laboral de los empleados es fundamental para mantener la eficiencia y la calidad en la prestación de servicios públicos.
